Según la Fundación Tierra, este sector tiene peso político en el Gobierno y esto le permite que se beneficie con permisos de ingreso a predios fiscales. Existen críticas. Arce dice que no tolerarán ninguna ilegalidad
El conflicto por las tierras está presente en todo el país. No solo se da en áreas rurales, sino también en zonas urbanas. Detrás, hay muchos actores, pero el más visible es el movimiento intercultural que presiona. Hasta la fecha planteó más de 1.000 solicitudes de asentamientos en tierras fiscales y eso solo en Santa Cruz.
Los grupos buscan lucrar con la tierra y la mayoría de sus ocupantes viven en zonas urbanas. Además, se alquilan las tierras.
Gonzalo Colque es investigador de la Fundación Tierra. El experto ve que el conflicto abarca a varios sectores, incluidos interculturales, campesinos y hasta empresarios. Colque afirma que si no se logra resolver este problema, los resultados serán trágicos: loteamiento de tierras fiscales, ingreso ilegal a áreas protegidas y enfrentamientos violentos.
“Los interculturales tienen un peso muy fuerte en el Gobierno (de Luis Arce), controlan varios ministerios, incluyendo entidades agroambientales, pero esto viene desde hace bastantes años. Tienen un peso político para conseguir autorizaciones de asentamientos, son más de 1.000 solo Santa Cruz. Los interculturales logran esos beneficios ejerciendo presión política. Por ejemplo, en el caso Las Londras hay coordinación entre autoridades agrarias y sectores interculturales. Se conocieron llamadas de coordinación para la ocupación de estos predios”, dijo Colque.
El experto añadió que detrás de los asentamientos en tierras fiscales están involucrados todos los sectores, sobre todo interculturales y campesinos y que la única finalidad es lucrar con los predios avasallados.
“No hay plan de crear zonas rurales, básicamente en algunos casos es desmontar para agricultura mecanizada. En la reserva Choré buscan madera, en algunas zonas buscan leña para carbón. Solo aprovechan los recursos naturales y su único fin es lucrar”, cuestionó Colque.
El pasado domingo, el presidente Luis Arce comandó una reunión de gabinete para abordar el conflicto de tierras. Luego de esa reunión anunció que su Gobierno no tolerará ningún tipo de actividad que esté al margen de la ley. El mandatario boliviano no asistió a la posesión de Javier Milei como presidente de Argentina por participar de este encuentro.
Las Londras
El caso Las Londras, vinculado con el secuestro de 17 personas, fue el inicio de la violencia en la zona de Guarayos. El 28 de octubre de 2021, un grupo de personas, entre periodistas, policías y civiles, fueron atacados en ese predio por un grupo de personas encapuchadas y fuertemente armadas que habían tomado ilegalmente varios terrenos productivos de la provincia cruceña.
La violencia volvió a estallar la madrugada del 2 de diciembre en la comunidad Pailita. Un enfrentamiento entre campesinos e interculturales dejó ese día un fallecido, además de heridos. Una de las afectadas de la violencia fue una mujer embarazada.
Sobre el conflicto, el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, indicó que esa institución no puede autorizar dotaciones de tierras porque esos predios se encuentran dentro de la reserva forestal Guarayos.
Luego del trágico enfrentamiento, Nicolás Ramírez Taboada, representante de la Federación Intercultural de San Julián, amenazó con alzar las armas para poder defenderse.
“Señores autoridades, que quede bien claro, esto no va a quedar impune. Desde ahora nos declaramos en estado de emergencia. Nosotros no vamos a permitir más que un empresario arremeta contra dirigentes, que masacre compañeros. (Tampoco) vamos a permitir dirigentes vendidos, traidores. Ahora sí vamos a agarrar armas. Y nos vamos a hacer respetar”, amenazó Ramírez.
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz le inició un proceso de oficio a Ramírez por el supuesto delito de instigación pública a delinquir, que tiene como asignada a la fiscal Delmy Guzmán. Hasta la fecha no hay resultados de la indagación. Incluso, dirigentes afines criticaron a medios de comunicación por difundir la amenaza. Han pasado más de dos semanas de esos sucesos.
Además, Ramírez Taboada es uno de los cabecillas prófugos de los encapuchados que emboscaron, encañonaron y agredieron a seis periodistas, tres uniformados y ocho civiles que realizaban una inspección en Las Londras, el 28 de octubre de 2021.
Proceso de saneamiento
Actualmente, el INRA lleva adelante el proceso de saneamiento de tierras. Sin embargo, esta entidad chocó con diferentes problemas, en especial en el departamento de Santa Cruz, donde hubo denuncias por avasallamientos de predios productivos.
Núñez aseguró que el Estado rechaza la toma ilegal de predios fiscales u otros y detalló que hasta diciembre de 2022 en todo el país existían 208 casos de terrenos invadidos y tomados ilegalmente.
Según Colque, las autorizaciones de asentamiento de nuevas comunidades aprobadas mediante resolución del INRA provocan una distorsión de la Ley de Reconducción Comunitaria de la ley INRA y han dado origen a los avasallamientos de tierras.
Solo los interculturales tienen más 1.000 solicitudes en el departamento de Santa Cruz. Ante ello, el experto añadió que estas resoluciones benefician a campesinos, interculturales e incluso a gente relacionada con el partido en función de Gobierno.
Este problema de tierras abarca a todo el país, pero la mayor conflictividad por este tema se da en Santa Cruz. En esta región, en los últimos seis a ocho años surgieron más de 1.400 asentamientos nuevos en tierras fiscales.
“Resulta que sobre alguna de estas tierras fiscales están asentadas comunidades indígenas que todavía no tienen un derecho propietario asignado y ahí se genera el conflicto”, detalló Juan Pablo Chumacero, director de Fundación Tierra.
El director del INRA afirmó que el saneamiento de tierras en todo el país llegará al 93% hasta fin de esta gestión. “La estructura de la tenencia ha cambiado. Antes, un 70% de la tierra estaba concentrado en medianos y grandes, ahora han bajado al 16%”, comparó.