Luego de más de siete años de destaparse el escándalo de corrupción, aún no se identificó a los dirigentes y autoridades que incumplieron sus funciones en el manejo de recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)
La apropiación de recursos del Estado en el Fondo Indígena fue uno de los casos de corrupción más grandes durante el Gobierno de Evo Morales. El “despilfarro y desfalco” en esa entidad, alimentada por recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), alcanzó los $us 182,7 millones en 1.032 proyectos, según investigaciones del ex director del Fondo de Desarrollo Indígena, Rafael Quispe y de la Fundación Pazos Kanki.
Con ese dinero se pueden construir “10 hospitales de tercer nivel completamente equipados”, indica el estudio de la fundación privada, difundido a principios de 2016 y auspiciado por la opositora Unidad Nacional (UN), el cual concluye además que en el 67,5% de los proyectos aprobados por el directorio del Fondo se encontraron irregularidades.
Del monto desfalcado solo se pudo recuperar $us 1,4 millones, según Braulio Yujra, exdirector del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), que también fue acusado de corrupción.
El tema es que la Contraloría nunca hizo una auditoría que hubiera permitido conocer información oficial sobre la magnitud del daño (económico) y las responsabilidades” del directorio, “como tampoco se hicieron públicos los informes de las devoluciones”, afirmó el ex senador Óscar Ortiz. Esta falta de información busca “impunidad, sobre todo porque está claro que esta persona que ha perdido la vida (Marco Aramayo, ex director del Fondo) fue un chivo expiatorio (…) de las decisiones políticas que se tomaron para realizar transferencias a grupos, a dirigentes afines al MAS, sostuvo.
El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas fue creado vía decreto el 22 de diciembre de 2005 durante el Gobierno de Eduardo Rodríguez. Su objetivo era administrar y ejecutar, “bajo los criterios de eficiencia, eficacia, equidad, transparencia y participación”, el 5% del total de las recaudaciones del IDH) y las donaciones para el desarrollo productivo de los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas.
El directorio del Fondo estaba presidido por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, de ese entonces, Nemesia Achacollo, e integrado por los ministros de Economía (Luis Arce), Presidencia (Juan Ramón Quintana), Planificación del Desarrollo (René Orellana) y Desarrollo Productivo (Verónica Ramos).
También figuran representantes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (Conamaq), de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, de la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (hoy interculturales), de la Asamblea del Pueblo Guaraní , de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia-Bartolina Sisa, de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz y de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni.
El directorio era el encargado de aprobar o rechazar el crédito mediante resoluciones que debían ser aprobadas indefectiblemente por consenso y registradas en actas.
Via: El Deber