La oposición pide que en el consenso nacional exista “voluntad política” del partido oficialista para allanar un proceso de selección “transparente”. CC propuso cambiar la simple mayoría por dos tercios en la calificación y evaluación a los postulantes
Legisladores de oposición advirtieron que el MAS utilizará su mayoría parlamentaria para aprobar un nuevo reglamento para elegir al Defensor del Pueblo en la sesión convocada para hoy a las 10:00. Según los denunciantes, se busca que el elegido responda a los intereses políticos del partido de Gobierno.
Desde Comunidad Ciudadana observaron que la convocatoria cuenta con requisitos “discriminatorios” y criterios de evaluación “ambiguos”, que beneficiarán al oficialismo. Los opositores cuestionan el requisito número 15 del proyecto de reglamento, que menciona que un requisito para postular al cargo es “no haber participado o estar involucrado en actos de gobiernos militares o de facto, ni en la ruptura del orden constitucional”.
Según la oposición, con este artículo se pretende dejar fuera a los ciudadanos que participaron de las movilizaciones de octubre y noviembre de 2019 para exigir la renuncia del entonces presidente Evo Morales, acusado de incurrir en fraude electoral.
También observaron que la convocatoria no establece una puntuación para calificar los méritos y se basa en criterios de evaluación de “sana crítica” para escoger a la nueva autoridad que sería “discrecional y ambigua”. El reglamento exige a los candidatos cumplir 8 de los 14 criterios; sin embargo, se planteó que se cumplan con 10 requisitos como mínimo.
Desde Creemos apuntaron al menos nueve observaciones al proyecto sobre plazos y causales de inhabilitación, por ejemplo en el requisito que exige hablar dos idiomas.
“Si hablamos de un consenso nacional, primero hablemos de reglas claras, no direccionadas ni abusivas que permitan que una mayoría absoluta al interior de la Comisión Mixta de Constitución tenga el control para direccionar y cohesionarse en función a un interés político que, seguramente y así lo demuestran las acciones del MAS, es para tener un nuevo defensor funcional y servil a sus intereses políticos”, reclamó el diputado Enrique Urquidi, de la alianza opositora CC.
En esa línea, el senador de CC por Tarija, Rodrigo Paz, afirmó que el oficialismo intenta aplicar la misma “lógica y procedimiento” que se realizó en la elección de candidatos a magistrados hace seis años.
“Está claro que han puesto una serie de trabas y trampas. Si el papel es azul, las características son azules, la medida de la persona tiene que ser azul y está pintado de azul, pues parece que va a ser azul”, refutó el legislador tarijeño.
Para evitar que la evaluación a los candidatos se realice por mayoría simple, CC propuso un proyecto de ley para modificar la Ley 870 del Defensor del Pueblo y que se apliquen dos tercios de voto en todo el proceso de selección y evaluación de los postulantes a defensor y no solo al momento de la designación, como manda la Constitución en su artículo 221.
También se plantea que las organizaciones de la sociedad civil con personalidad jurídica para la defensa y promoción de los derechos humanos participen como veedoras en todo el proceso de selección. Además, proponen que participen en la calificación de méritos de los candidatos y que emitan un informe recomendando al profesional más capacitado para el cargo.
Sobre las observaciones al reglamento para elegir defensor, el diputado oficialista Gualberto Arispe dijo no entender el cuestionamiento a la puntuación para cada requisito. Argumentó que al momento de la designación se aprobará con dos tercios que el MAS no tiene en la Asamblea. “Esto implica que la oposición podrá dar su voto y elegir a la mejor persona”.
Si los 130 diputados y 36 senadores asisten a la sesión de designación se requerirá el respaldo de 111 legisladores, y el MAS tiene 96. De este modo, el oficialismo necesitará el apoyo de 15 parlamentario de la oposición. Sin embargo, Creemos perdió cinco y CC, dos.
Los opositores afirmaron que el MAS tiene dos “apuestas fraudulentas”: La primera, que si en la designación a defensor no se consiguen los dos tercios prologarán el interinato de Nadia Cruz. La segunda, calificar e incluir en la nómina a candidatos afines.
Al respecto, desde el MAS pidieron a la oposición no “boicotear” el proceso de elección del nuevo defensor o defensora del Pueblo. Los legisladores oficialistas negaron que su partido tenga sus propios candidatos.
Sin embargo, se mencionan nombres y se filtra una lista de posibles candidatos del MAS para ocupar el cargo, entre ellos Nadia Cruz (actual defensora), Ximena Fajardo, Andrés Iturralde, Clotilde Calancha y Juana Maturano.
Cruz ocupa el puesto como interina desde hace tres años, cuando David Tezanos renunció al cargo. Fajardo es la actual responsable de Derechos Humanos en la Procuraduría General.
Via: El Deber